Sobre la colaboración y las alianzas en el manejo del agua

January 19, 2017

Las alianzas para el agua en América Latina no son una forma particularmente nueva de provisión del recurso. Es más, como sostienen Phumpiu y Gustafsson (2009), las alianzas han sido cuestionadas repetidamente, en algunos casos por los efectos que su implementación ha causado. Esta crítica se refiere sobre todo al caso de las alianzas publico-privadas, que para ser más precisos son un tipo de alianza particular pues está de por medio una relación contractual formal y que se limitan a la provisión de agua y saneamiento (supuestamente por limitaciones de los estados en cuanto a capital de inversión) y que deja otros aspectos del manejo del agua (el control de la contaminación o la conservación de las fuentes por ejemplo) por fuera de la relación.

 

Las alianzas, en un sentido más amplio, se refieren a formas voluntarias con diversos grados de formalidad que se establecen entre distintos tipos de actores estatales y no estatales. Estas alianzas intentan lograr un manejo del recuso que supere las limitantes intrínsecas de la pura gestión estatal, si es que tal cosa ha existido alguna vez en el pasado.

 

Las alianzas, reguladas por reglas formales o informales, se enfrentan al reto de hacer jugar diversos tipos de intereses en una misma cancha con reglas que, en el mejor de los casos, sarán adaptadas por los jugadores según los resultados producidos y los cambios en el entorno. Cualquiera sea el nivel de formalidad de las alianzas, y sobre todo en los tiempos del derecho humano al agua, parece que le correspondería al Estado ser el único garante de que los procesos de ajuste que puedan darse. Esto ayuda a establecer una jerarquía y una última responsabilidad. No en vano podemos observar que en las experiencias más desarrolladas de alianzas o colaboración, son las agencias gubernamentales las que asumen la mayor carga de la implementación de decisiones, allí donde las instituciones se han desarrollado (Leach & Pelkey, 2001). Allí donde no lo han hecho, seguimos extrañando una institucionalidad que pueda separarse de los intereses de lucro de los socios privados, y al mismo tiempo ser capaz de involucrar a socios de la caótica sociedad civil en el proceso.

 

Pero los procesos de institucionalización de la presencia del Estado no son ajenos al contexto en el cual suceden. Por tanto, en países como Ecuador, vemos emerger intentos de crear alianzas incorporando actores que de alguna manera conocen ya de los esfuerzos en que cuanto a la generación de capacidades y confianza estas requieren. Una adecuada evaluación de las capacidades y confianza existentes, pero también de los objetivos que en cuanto al manejo del agua tienen los actores que participan de las alianzas, es indispensable para ayudar en la institucionalización del manejo del agua.

 

En este sentido, las restricciones presupuestarias y de capacidades de las instituciones públicas son probablemente uno de los obstáculos mayores para desarrollar mejores alianzas allí donde se requieren. Nuevamente en el caso del Ecuador, la autoridad nacional (SENAGUA) se propuso en el 2015 crear más de 15 consejos de cuenca en un período de 12 meses. En algunos casos se está apuntando a expandir experiencias ya existentes, como en el caso de la plataforma de gestión de la cuenca alta del Río Guayllabamba. Sin embargo, no existe una matriz para generar el conocimiento requerido para iniciar y mantener esta labor, ¿cómo se puede generar ese conocimiento?¿Qué elementos mínimos deben incluirse en aquella matriz? En los siguientes párrafos discuto algunos de estos elementos.

 

En primer lugar es central recopilar sistemáticamente el conocimiento de quienes han cumplido el rol de facilitadores de los procesos de formación de alianzas en el pasado. Estos se dividen en al menos tres grupos que deben diferenciarse claramente. Aquellos que facilitaron la formación a través del aporte de recursos, como agencias de la cooperación internacional. Aquellos quienes cumplieron el rol de puente entre los actores en el día a día del funcionamiento de la alianza. Ambas formas de conocer las alianzas son importantes para determinar en alguna medida el grado de madurez de las mismas. En el tercer grupo encontramos a quienes han formado parte del proceso como socios, quienes participan por resolver problemas de gestión que les afectan directamente.

 

Lo que tienen en común estas visiones sobre una determinada alianza es que pueden ayudar a evaluar el progreso que han hecho en sus respectivos procesos. No todas las alianzas han desarrollado un nivel de madurez similar. No todas por ejemplo han podido, generar los recursos económicos mínimos para su operación, condición que parece diferenciar aquellas experiencias colaborativas exitosas de aquellas que no lo son (Leach & Pelkey, 2001). Conocer las necesidades de financiamiento de las alianzas es clave para poder evitar cargar de costos de transacción que disminuyen la utilidad que perciben los actores al cambiar su forma de participación hacia una más centralizada, en la que por ejemplo deberían buscar información de una sola fuente, en lugar de esperar a que la información llegue y se confirme por varias fuentes como sucede en las alianzas voluntarias que operan con actores centrales que son en cierta medida móviles.

 

Finalmente hay que recordar que el conocimiento sobre las preferencias de participación ayuda a anticipar el momento en el cual esta ya no es necesaria. Como sostienen Phumpiu y Gustafsson (2009, p. 29), "la presencia de instituciones y organizaciones comunitarias responde a las brechas o vacíos de las políticas y las regulaciones."

 

REFERENCIAS

 

  • Leach, W. D., & Pelkey, N. W. (2001). Making Watershed Partnerships Work: A Review of the Empirical Literature. Journal of Water Resources Planning and Management, 127(6), 378-385.

  • Phumpiu, P., & Gustafsson, J. E. (2009). When are Partnerships a Viable Tool for Development? Institutions and Partnerships for Water and Sanitation Service in Latin America. Water resources management, 23(1), 19-38.

 

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