Consulta popular en el Ecuador. 2017

October 6, 2017

El presidente Lenin Moreno anunció el 30 de septiembre que la consulta popular que ha propuesto servirá para recuperar el espíritu de Montecristi, para volver a las raíces de la revolución. La consulta incluye una pregunta sobre la prohibición a la minería metálica. Para evaluarla, es necesario recordar los orígenes de las disposiciones constitucionales sobre la materia, y conocer el espíritu de los inicios de la revolución como propone el presidente.

 

Luego de varios años de movilizaciones en contra de la política minera adoptada en la década de 1990 y sus efectos, el gobierno de Alfredo Palacio aprovechó la oportunidad abierta por un enfrentamiento en Morona Santiago para impulsar una reforma a la ley minera. La intención era clara, incrementar los tributos a los operadores mineros en un contexto de altos precios de los minerales. A Palacio no le alcanzó el período de gobierno, y le falto apoyo político para aprobar la reforma. El primer gobierno de Rafael Correa anunció una nueva política minera para otorgarle un papel protagónico a las empresas públicas, incrementar los beneficios a las poblaciones locales, proteger el medio ambiente y asegurar la participación de las comunidades directamente afectadas en la toma de decisiones. Estos ofrecimientos no se tradujeron en acciones con ellos coherentes y ante la emergencia de contradicciones en la política del gobierno, quienes rechazaban a la minería radicalizaron su discurso pidiendo que se declare al país como territorio libre de minería. Esta discusión se mantuvo viva durante la Asamblea Constituyente. Divididos en dos bandos claramente identificables, los asambleístas constituyentes aprobaron el artículo 407 que reza: “Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal”. El mismo artículo sostiene además que “Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular.”

 

La propuesta del actual gobierno es añadir un inciso a este artículo que rece: “Se prohíbe todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles”. Si partimos del supuesto de que la consulta intenta incrementar el grado de protección ambiental, entonces cabe preguntarse, ¿Por qué se mantiene la excepción que este artículo contempla? ¿Por qué la pregunta se restringe solamente a la minería metálica? ¿Por qué se prohíbe todos los tipos de minería, inclusive la minería artesanal que es parte de las practicas ancestrales de algunos pueblos del Ecuador? ¿Por qué no se retoma la propuesta original discutida en Montecristi de prohibir la minería en zonas de recarga hídrica para viabilizar la prelación del derecho humano al agua por sobre aquellas productivas como reza el artículo 318 de la constitución vigente? ¿Por qué se limita la pregunta solamente a la minería cuando el artículo que se reforma se refiere a TODAS las actividades extractivas de recursos no renovables? Finalmente, ¿porqué se habla de todas las fases de la minería? ¿qué pasará con las minas ya abiertas como Rio Blanco, que están en áreas protegidas?

 

La justificación presentada como anexo a las preguntas no desarrolla argumentos que contextualicen la discusión histórica que sobre la política minera se ha dado en el país. Es claro que el gobierno ha preparado una pregunta que a la que difícilmente se puede responder no, pero queda también claro la pregunta no es consistente totalmente con las discusiones mantenidas en la Asamblea Constituyente del 2008 y menos aún aporta a una discusión informada de la política minera.

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