Minería en el Ecuador, ¿estamos llegando a un punto de no retorno?

February 12, 2019

El desarrollo de la institucionalidad pública del sector minero del Ecuador se acerca a un punto de no retorno. Son dos los elementos que configuran este punto. El primero tiene su origen en un pedido de las comunidades que se consideran afectadas por el desarrollo del proyecto minero Loma Larga ubicado en la provincia del Azuay de ser consultadas sobre este. El segundo, tiene que ver con la movilización de comunidades locales en defensa de la minería ilegal en la provincia de Imbabura. Estos dos elementos requieren de respuestas del gobierno central para definir lo que será el futuro de la industria minera en el país.

 

Sobre el tema de la consulta de las comunidades locales el gobierno deberá decidir cómo cambia su estrategia de implementación de este derecho en el futuro. Si la sentencia judicial esperada para  el 13 de febrero del 2019 determina que la consulta deberá realizarse el 24 de marzo como está planificado, entonces el gobierno podría enfrentar una serie de pedidos de consulta en varias jurisdicciones para detener proyectos mineros, independientemente de cuál sea el resultado de la misma. Esto podría afectar sobre todo algunos de los proyectos en manos de la empresa nacional minera ENAMI, y que son considerados estratégicos para la consolidación del sector en el corto plazo.

 

Si la Unidad Judicial de la Niñez y la adolescencia donde se ventila el caso decide no dar paso a la consulta popular en Girón, el gobierno de todas formas deberá dar señales a las empresas mineras de que es capaz de construir una institucionalidad que haga los procesos de desarrollo de los proyectos más predecibles. Deberá reducir la incertidumbre que rodea al sector minero en el Ecuador desde hace más de dos décadas, ya sea en el sentido de brindar alguna seguridad de que las poblaciones locales son receptivas a la minería, o de plano deberá limitar el desarrollo del sector a los pocos proyectos que al momento parecen viables en el corto plazo.

 

Establecer estrategias sectoriales como el Plan Nacional de Desarrollo Minero con el apoyo de socios internacionales será solamente una de las acciones necesarias para enviar un mensaje tranquilizador a las empresas mineras internacionales. Será mucho mas complejo mantener la capacidad institucional que requiere el desarrollo del sector si se decide liquidar a la Empresa Nacional Minera. La fusión del Instituto Nacional de Investigaciones Geológico, Minero Metalúrgico con su par en el sector eléctrico no es una señal auspiciosa para los inversionistas. Pero la deuda es aun más grande con respecto al fortalecimiento de la institucionalidad encargada de implementar los procesos de consulta con las comunidades relacionadas a los procesos mineros y de realizar los controles y monitoreos ambientales. Este es un vacío que ha existido desde que se decidió impulsar el fortalecimiento del sector en el año 2006. Varias instituciones del sector público han asumido competencias sobre las consultas, pero hasta ahora no está claro cómo opera el relacionamiento comunitario entre las empresas mineras y las comunidades que promueve el estado en su modelo de "minería responsable".

 

El tema de la consolidación de apoyos locales a la minería ilegal en Imbabura es aun más complejo. Si bien las operaciones de minería ilegal no son un fenómeno nuevo en el país, si lo es el hecho de que una población se levante sistemáticamente en contra de la fuerza pública para proteger la actividad ilegal. Esto es lo que parece estar ocurriendo en la comunidad de Buenos Aires, cerca de la cual un incidente entre policías y personas relacionadas al negocio minero resultó con la muerte de uno de ellos cerca del pueblo de Mascarilla.

 

Las redes que permiten la minería ilegal han estado presentes en la zona desde hace casi una década. Han logrado consolidar el apoyo de una población local que tiene pocas oportunidades de desarrollo. Una vez que se ha desmantelado la estrategia de combate a la minería ilegal encabezada en su momento por las Fuerzas Armadas del Ecuador, la consolidación del apoyo local a estas actividades parece más fuerte que nunca. Este fenómeno se ha visto en regiones mineras de otros países y ha degenerado en la captura de los gobiernos locales por intereses pro-mineros que han devastado zonas completas donde ahora la trata de personas y el tráfico de drogas son los otros dos elementos ordenadores de las dinámicas sociales, económicas y políticas (ver Cortéz-McPherson, 2019).

 

Este segundo elemento es todavía más preocupante para quienes nos interesamos por la construcción de un sector minero democrático que practique una política pública informada y adaptativa. El gobierno del Presidente Moreno, no ha dado señales de tener una política clara para el sector. En su afán de reducir el tamaño del estado fusionando y eliminando instituciones del sector público, está abriendo ventanas de oportunidad para que el fenómeno de la minería ilegal, que se ha logrado mantener bajo control por algún tiempo, pueda adquirir magnitudes que podrían hacer que el Estado pierda el control efectivo sobre algunas porciones de territorio por el avance de estas actividades.

 

Al momento no hay señales de que la situación dentro del gobierno vaya a cambiar. Hace pocos días se anunció la creación de un gabinete estratégico y otros gabinetes sectoriales para mejorar la coordinación de la acción del aparato del Estado. Sin embargo, es bien sabido que para que la coordinación funcione en el sector público ecuatoriano, se requiere de un seguimiento constante y casi obsesivo de las decisiones, de la asignación pronta de recursos y del envío de señales inequívocas de cuáles son, la orientación de la política y los resultados que de ella se esperan. Nada de esto parece estar sucediendo en un momento en el que varios actores interesados en el sector piden definiciones.

 

Referencia:

Cortes-McPherson, D., The Extractive Industries and Society, https://doi.org/10.1016/j.exis.2019.01.002

 

 

 

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